El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha emitido una Guía para la Regulación ALA/CFT de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Región. GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. La organización es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force). Está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Guía GAFILAT
GAFILAT fue creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo ello, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. El organismo obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y, por tanto, participa en la elaboración, revisión y modificación, a la vez que se adhiere a las 40 recomendaciones emitidas por este mismo organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
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En su guía, GAFILAT afirma que el uso de activos virtuales (AV) en la economía representa un desafío para la prevención y el combate al LA y FT. El GAFI ha trabajado en la incorporación de los AV en sus estándares desde 2014 y ha publicado varios documentos para ayudar a identificar y prevenir actividades criminales relacionadas con AV. Además, diversos organismos internacionales han recomendado la regulación de los AV y han llamado a subsanar las lagunas normativas a través de un esfuerzo internacional coordinado.
Cumplir estándares GAFI
GAFILAT también ha abordado el tema desde varias perspectivas, incluyendo la publicación de una guía para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. Por otra parte, el aumento de actividades que vinculan a los activos virtuales en países miembros del GAFILAT resalta la importancia de emitir regulaciones adecuadas que cumplan con los estándares del GAFI para abordar los riesgos relacionados con este tipo de activos.
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La guia es el resultado del compromiso de GAFILAT para apoyar a sus países miembros a mitigar los riesgos de LA/FT que se presentan en virtud de las operaciones con AV y las actividades que realizan los PSAV. El documento destaca la importancia de que los países miembros del GAFILAT incorporen a los AV y PSAV dentro de sus marcos ALA/CFT, así como aportar elementos que permitan fortalecer los regímenes ya existentes.
Se espera que los responsables del diseño de las políticas públicas y tomadores de decisión de los países miembros consideren la guía publicada como una herramienta que les permita la implementación efectiva de los estándares del GAFI aplicables a los AV y a los PSAV.
Regulación de los 18 países miembros
La guía presenta el panorama de regulación en los 17 países miembros, destacando que la emisión de regulación aplicable a los AV y PSAV en la región de GAFILAT es fragmentada. Algunos países han emitido marcos jurídicos, mientras que otros han realizado modificaciones recientes en sus regímenes ALA/CFT para incluir a los PSAV como sujetos obligados. Otros países han emitido o modificado normatividad secundaria para establecer obligaciones mínimas ALA/CFT para los PSAV. Otros países aún no han emitido regulación alguna.
Dentro de la Guía, se encuentran ejemplos concretos de las normas adoptadas por países. Por un lado, Brasil, Chile, El Salvador y México han optado por emitir un marco jurídico amplio para abarcar temas de integridad financiera o fomento de la industria Fintech, entre otro. Ello significa que han requerido de normativa secundaria destinada al cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
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Por su parte, Cuba, Nicaragua y Paraguay han realizado modificaciones a sus sistemas ALA/CFT para incluir directamente a los PSAV como sujetos obligados. Un tercer grupo de países, entre los que se encuentran Colombia y Ecuador han emitido o modificado normatividad secundaria del régimen ALA/CFT para establecer obligaciones mínimas ALA/CFT sobre los PSAV. Argentina, no ha emitido regulación para PSAV en materia ALA/CFT. En su lugar, cubre algunos temas fiscales y requisitos para los sujetos obligados tradicionales. Bolivia ha emitido disposiciones para limitar las operaciones con AV. Finalmente, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay no han emitido regulación de AV y PSAV.
Cumplimiento normativo
En la Guía describen las iniciativas en curso para establecer estándares globales de regulación para los AV, incluyendo propuestas de la Junta de Estabilidad Financiera (JES), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) y la Comisión Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
También se aportan sugerencias y consideraciones para que los responsables del desarrollo de los marcos regulatorios, institucionales y operativos tengan en cuenta en la implementación de las Recomendaciones del GAFI dentro de sus jurisdicciones. El rápido desarrollo tecnológico hace necesario que las autoridades reguladoras trabajen en conjunto para adaptarse a los nuevos escenarios.
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Es importante destacar que la emisión de regulación en materia ALA/CFT para los AV y PSAV no sólo es una cuestión de cumplimiento normativo, sino también una medida de protección para los usuarios de estos servicios y para la integridad del sistema financiero en su conjunto. En ese sentido, es fundamental que los países continúen colaborando en la definición y aplicación de normas y prácticas que aseguren la transparencia y seguridad de los AV y PSAV en el marco de la lucha contra el ALA/CFT.
Requisitos que deben cumplir
El documento aborda la necesidad de definir los términos relacionados con los AV y PSAV. Se destaca la importancia de un entendimiento común de la regulación entre las autoridades competentes y se sugiere una interpretación amplia de la definición de AV para facilitar la inclusión de los avances tecnológicos y las innovaciones en los modelos de negocio. En el proceso de establecer un perímetro regulatorio, las autoridades deben asegurarse de que la definición de activos virtuales sea consistente con la definición y propósito establecidos por el GAFI.
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De igual manera, la guía aborda la definición de PSAV y los requisitos que deben cumplir. Es importante que el entendimiento y terminología utilizada se comparta por todas las autoridades relevantes y sea consistente dentro de la regulación. Esto es necesario para proveer mayor certeza al sector de PSAV, a las instituciones financieras y APNFD, y a los consumidores en general. El punto de partida para regular y establecer una posición, debería ser la evaluación de riesgos de LA/FT que representan los AV y las actividades de los PSAV.
Dado que el sector de los AV sigue evolucionando y transformándose, tal como los servicios relacionados, es importante que las autoridades adopten un enfoque proactivo y exhaustivo basado en la evaluación de riesgos. De esta manera, si un AV o la tecnología subyacente plantea riesgos de LA/FT, se deben establecer medidas para mitigarlos. Lo anterior implica un monitoreo constante de la industria, participantes, modelos de negocio, conexiones y riesgos emergentes.
Foro consultivo de reguladores
De tal manera, que deberían considerar una actualización más frecuente de las evaluaciones de los riesgos de LA/FT de los AV/PSAV. Dentro de la región del GAFILAT, existen varios ejercicios de evaluación de los riesgos asociados al LA/FT respecto de los AV y PSAV entre ellos: Argentina (2022), Brasil (2021), Ecuador (2021), Perú (2018), Paraguay (2020) y Nicaragua (2020).
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Los tres principios clave que deben tenerse en cuenta al diseñar y aplicar regulaciones y supervisión para este sector son: la equivalencia funcional y el enfoque basado en objetivos, la neutralidad tecnológica y la preparación para el futuro, y la igualdad de condiciones en el tratamiento funcional. Esto quiere decir que los requisitos regulatorios y de supervisión deben aplicar independientemente de la plataforma tecnológica utilizada; y, que las regulaciones deben ser adaptables a los cambios tecnológicos que puedan surgir.
Finalmente, se dice que GAFILAT podría formar un foro consultivo en el que reguladores, supervisores y el sector privado compartan preocupaciones y se adopte un enfoque regulatorio de acuerdo con las prioridades de política pública de cada país.
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