La jueza Analisa Torres, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha rechazado una solicitud conjunta presentada por Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para disolver una orden judicial permanente y reducir una sanción económica previamente impuesta a la empresa de criptomonedas. La decisión mantiene en pie tanto la orden como la multa del prolongado caso que enfrenta a Ripple con el regulador desde 2020.
Ripple y la multa
La moción, presentada por ambas partes, solicitaba al tribunal que eliminara la orden judicial vigente contra Ripple, dictada menos de un año atrás, y permitiera redistribuir los 75 millones de dólares en multas: 50 millones irían a la SEC y los 25 restantes serían devueltos a Ripple. Sin embargo, la jueza desestimó la petición, subrayando que los argumentos presentados no justificaban revertir medidas tan recientes y fundamentales.
«Nada de esto ha cambiado, y las partes difícilmente pretenden que así sea. Sin embargo, ahora alegan que es de interés público reducir la sanción civil en un sesenta por ciento y anular la orden judicial permanente dictada hace menos de un año», escribe Torres en su resolución.
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La disputa entre Ripple y la SEC comenzó en 2020, cuando la SEC acusó a la empresa de recaudar 1.300 millones de dólares mediante la venta del token XRP como un valor no registrado. En 2023, Torres dictaminó que algunas ventas de XRP, conocidas como programáticas»(realizadas en exchanges bajo licitación a ciegas), no infringían la ley de valores. Sin embargo, consideró que las ventas directas a inversores institucionales sí constituían violaciones, lo que derivó en una multa de 125 millones de dólares para Ripple.
Ripple y la SEC
Durante la administración Biden, la SEC liderada por Gary Gensler, mantuvo una postura agresiva frente a las criptomonedas. Pero con la llegada de la administración Trump y la salida de Gensler en enero de 2025, la agencia ha suavizado su postura. Lo que le ha llevado a retirar varias investigaciones contra grandes criptoempresas y ha lanzado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para establecer un marco regulatorio más claro y dialogado.
En este nuevo contexto, Ripple y la SEC argumentaron que reducir la sanción y levantar la orden judicial era de interés público. No obstante, Torres recordó que el caso se construyó precisamente sobre la base de que Ripple probablemente seguiría violando la ley si no se le imponía una orden judicial permanente.
Implicaciones de la decisión
El fallo representa un revés tanto para Ripple como para la SEC, que buscaban cerrar el caso de forma consensuada y con sanciones reducidas. También deja en evidencia que, pese al cambio de liderazgo en la SEC y su aparente giro hacia una postura más conciliadora con el sector cripto, el poder judicial mantiene su independencia y compromiso con el cumplimiento de la ley.
Además, la resolución podría sentar un precedente importante para otros casos en curso relacionados con la industria de activos digitales, reforzando la idea de que las violaciones pasadas, aunque se reconozcan cambios regulatorios posteriores, siguen teniendo consecuencias jurídicas. Como consecuencia, el valor de XRP cayó hoy un 2,65%, cotizando a 2,12 dólares.