La OCDE, en colaboración con los países del G20, ha publicado un documento en el que desarrolla un marco de transparencia fiscal mundial que prevé el intercambio automático de información fiscal sobre transacciones en criptoactivos. En él propone un formato estandarizado para que pueda hacerse de manera anual con las jurisdicciones de residencia de los contribuyentes.
Los desafíos que enfrentan los países en relación con los criptoactivos son muchos. Además de temas fiscales y de lavado de activos, abarcan muchos otros. Como la adaptación de la legislación civil, comercial, societaria, protección de datos personales o los nuevos modelos de negocios que involucran criptoactivos.
Las claves del nuevo marco global fiscal de los criptoactivos propuesto por OCDE
Para conocer estas operaciones, muchas jurisdicciones han establecido regímenes de información donde los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) están obligados a informar de las operaciones tanto a los organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como a las Administraciones Tributarias (AATT).
Limitaciones de los estados
Sin embargo, la gran limitación para los Estados es que solo tienen poder para exigir que los sujetos que residen en sus jurisdicciones reporten operaciones con criptoactivos. Es decir, no tienen la facultad de regular los regímenes de información que obligan a los VASP no residentes a reportar tales operaciones.
En definitiva, los Estados actualmente no cuentan con información sobre operaciones realizadas a través de VASP ubicados en el exterior, ya que no tienen la obligación de compartir información con bancos centrales, autoridades tributarias u otros organismos públicos.
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En este aspecto, conviene recordar que las personas han adoptado rápidamente el uso de criptoactivos para una variedad de actividades financieras y de inversión en los últimos años. Como destaca la OCDE, a diferencia de los productos financieros tradicionales, los criptoactivos se pueden transferir y mantener sin la intervención de intermediarios financieros tradicionales. como los bancos. Tampoco es necesario que ningún administrador central tenga una visibilidad completa de las transacciones realizadas o de las tenencias de criptoactivos.
OCDE criptoactivos
El criptomercado ha dado lugar a nuevos intermediarios y proveedores de servicios, como intercambios de criptoactivos y proveedores de billeteras, muchos de los cuales no están regulados. Estos desarrollos significan que los criptoactivos y las transacciones relacionadas no están cubiertos de manera integral por el Estándar Común de Informes (CRS) de la OCDE/G20, lo que aumenta la probabilidad de su uso para la evasión fiscal y socava el progreso logrado en la transparencia fiscal a través de la adopción del CRS (Common Reporting Standard). Por lo tanto, los criptoactivos podrían explotarse para socavar las iniciativas internacionales de transparencia fiscal existentes.
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En el primer trimestre de 2022, la OCDE publicó un documento de consulta pública sobre un nuevo marco global de transparencia fiscal. Su misión es permitir la presentación de informes y el intercambio de información con respecto a los criptoactivos (CARF, Crypto Asset Reporting Framework). Así como las enmiendas propuestas al CRS para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre países.
Este mes de junio, la OCDE ha publicado un nuevo documento en colaboración con los países del G20, donde desarrolla el CARF. Un marco de transparencia fiscal mundial dedicado que prevé el intercambio automático de información fiscal sobre transacciones en criptoactivos en un formato estandarizado para que pueda ser usado anualmente en las jurisdicciones de residencia de los contribuyentes.
El CARF consta de tres componentes:
1) Normas y comentarios relacionados que pueden transponerse a la legislación nacional para recopilar información de los proveedores de servicios de criptoactivos informantes. Con un nexo relevante con la jurisdicción que implementa CARF.
2) Un Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral sobre Intercambio Automático de Información de conformidad con CARF (CARF MCAA) y el Comentario relacionado (o acuerdos o arreglos bilaterales);
3) Un formato electrónico (esquema XML) para ser utilizado por las autoridades competentes con el propósito de intercambiar la información CARF, así como también por los Proveedores de Servicios de Criptoactivos Informantes, para reportar información CARF a las administraciones tributarias (según lo permita la legislación nacional).
El CARF consta de reglas y comentarios que se pueden transponer a la legislación nacional, para recopilar información de los proveedores de servicios de criptoactivos informantes con un nexo relevante con la jurisdicción que implementa el CARF.
Estas reglas y comentarios se han diseñado en torno a cuatro elementos fundamentales:
Alcance del régimen
Abarca los criptoactivos que se pueden mantener y transferir de manera descentralizada, sin la intervención de los intermediarios financieros tradicionales. También las clases de activos que dependen de una tecnología similar que pueda surgir en el futuro. La definición propuesta de criptoactivos se centra en el uso de la tecnología de registros distribuidos protegidos criptográficamente (DLTs), ya que este es un factor distintivo que sustenta la creación, tenencia y transferibilidad de criptoactivos.
La definición también incluye una referencia a «tecnología similar». El motivo es garantizar que puedan incluirse nuevas clases de activos que surjan en el futuro y que operen de manera similar a los criptoactivos. Por tanto, la definición de criptoactivos se dirige a aquellos activos que se pueden mantener y transferir de manera descentralizada, sin la intervención de los intermediarios financieros tradicionales. Incluidas las monedas estables, los derivados emitidos en forma de criptoactivos y ciertos tokens no fungibles (NFT).
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Se excluyen de la definición las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), que funcionan de manera similar al dinero que se mantiene en una cuenta bancaria tradicional. Por lo tanto, los informes de las mismas se incluirán dentro del alcance del CRS.
La definición de criptoactivos tiene como objetivo garantizar que todos los activos cubiertos por el nuevo marco de declaración de impuestos también esté dentro del alcance de las recomendaciones del GAFI, lo que garantiza que los requisitos de diligencia debida de los intermediarios puedan basarse en las obligaciones AML/KYC existentes.
Entidades sujetas a requisitos de recopilación y reporte de datos
Las entidades o personas que presten servicios que efectúen transacciones de intercambio de criptoactivos para, o en nombre de los clientes estarán obligados a informar bajo el CARF. Estos intermediarios y otros proveedores de servicios también se encuentran dentro del alcance de las entidades obligadas a efectos del GAFI (VASP). Como tales, están en condiciones de recopilar y revisar la documentación requerida de sus clientes, incluso sobre la base de la documentación AML/KYC.
Transacciones a reportar
Los siguientes tres tipos de transacciones relevantes serán reportables conforme al nuevo marco:
- intercambios entre criptoactivos y Monedas Fiat
- intercambios entre una o más formas de criptoactivos
- Transferencias (incluidas las transacciones de pago minorista reportables) de criptoactivos relevantes
Las transacciones se informarán de forma agregada. Por tipo de criptoactivo relevante y se distinguirán las transacciones entrantes y salientes.
Procedimientos de debida diligencia
Los VASP deben aplicar procedimientos de diligencia debida para identificar a los usuarios de criptoactivos y las personas que ejercen el control y para determinar las jurisdicciones fiscales pertinentes para la presentación de informes y el intercambio. Los procedimientos de debida diligencia se basan en el proceso basado en la autocertificación del CRS, así como en las obligaciones AML/KYC existentes recogidas en las recomendaciones del GAFI de 2012. Incluidas las actualizaciones en junio de 2019 con respecto a las obligaciones aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales.
Régimen de intercambio automáticos de información (CRS)
El CRS opera desde 2017 y ha tenido mucho éxito en la lucha contra la evasión fiscal internacional. En 2021, más de 100 jurisdicciones intercambiaron información sobre 111 millones de cuentas financieras, que cubren activos por valor de 11 billones de euros. El CRS, básicamente insta a las jurisdicciones a obtener información sobre sus instituciones financieras y a intercambiar automáticamente esta información anualmente con otras jurisdicciones.
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Define el tipo de información financiera que debe ser intercambiada, las instituciones financieras llamadas a transmitir esta información, los diferentes tipos de cuentas y los contribuyentes involucrados. También los procedimientos razonables de diligencia común que deben seguir las instituciones financieras.
Desarrollada junto el CARF, la revisión integral del CRS ha realizado modificaciones para incluir nuevos activos, productos e intermediarios financieros dentro de su alcance. El motivo es que son alternativas potenciales a los productos financieros tradicionales, evitando la duplicación de informes con lo previsto en el CARF. La propuesta amplía el alcance del CRS para cubrir los productos de dinero electrónico y las monedas digitales de banco central.
Inversiones indirectas
A la luz del desarrollo del CARF, las propuestas también incluyen cambios para cubrir inversiones indirectas en criptoactivos a través de entidades de inversión y derivados. Al mismo tiempo, la propuesta contiene nuevas disposiciones para garantizar una interacción eficiente entre el CRS y el CARF, en particular para limitar los casos de informes duplicados.
Cabe destacar que dado que el CARF es un marco separado y complementario, habrá algunas entidades que reporten tanto en el CRS como en el CARF.
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En definitiva, es una buena iniciativa instrumentar un régimen de intercambio internacional de operaciones que involucren criptoactivos, similar al CRS. En una primera etapa puede empezarse con las criptomonedas. Si esto no sucede, seguiremos viendo una proliferación de regímenes de información en diferentes países. Lo que creará complejidad para los VASP y los contribuyentes que realizan operaciones en diversos países, incrementando sus costes de cumplimiento tributario.
Igualmente, sería importante que cada país tenga una orientación clara y un marco legislativo aplicable, donde se brinde orientación sobre cómo encuadran las criptomonedas en el marco fiscal existente. Es decir, una guía que sea integral y aborde los principales hechos imponibles y formas de ingresos asociados con las mismas.
Economía tokenizada
Sabemos que la economía tokenizada presenta múltiples formas de realizar las operaciones, razón por la cual es conveniente un análisis muy profundo de cada una de ellas. Pero también es imprescindible lograr un consenso en cuestiones básicas de su tratamiento legal y fiscal. Ante desarrollos globales como los que estamos viviendo, el camino de la cooperación, la colaboración y el multilateralismo entre estados es más adecuado que tomar medidas unilaterales.
Esto es importante, tanto desde la perspectiva de legislar para regular y promover el desarrollo y la transformación digital de los países, como en lo que respecta a la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, el terrorismo y otros delitos.
Más que nunca, debemos seguir avanzando en la cooperación y multilateralismo global mediante la colaboración entre los sectores público y privado, involucrando también a centros académicos y expertos.
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