GAFI exige conocer la identidad de quienes operan con criptomonedas

GAFI exige de conocer la identidad de quienes operan con criptomonedas. La propuesta aprobada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha generado cierto malestar entre los miembros la industria cripto. GAFI requiere a los proveedores de servicios de activos virtuales que suministren información de los clientes que realizan intercambios financieros, incluyendo también a las casas de cambio,

Representantes de industria cripto consideran que el requerimiento de la institución, además de costoso de implantar, será imposible de poner en practica. Argumentan que perjudica la privacidad de los usuarios y que es contraproducente para el cumplimiento de la ley.

Nombre de la persona

Con esta medida, el GAFI, una institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8 para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas, pretende combatir dichas practicas y regular el uso de criptomonedas. En este sentido, el la organización demanda:

«… Obtener y mantener la información precisa y requerida del originador (quien envía) y el beneficiario (quien recibe) y proveer dicha información a las instituciones beneficiarias… si hay alguna. Además, los países deben garantizar que las instituciones beneficiarias… obtengan y mantengan la información requerida (no necesariamente precisa) del originador y la información requerida y precisa del beneficiario»

El organismo intergubernamental solicita el nombre de la persona que realiza la transferencia, número de cuenta, ubicación geográfica, número de identidad o cualquier dato que indique quién es el emisor de la transacción. También debe incluir el nombre del beneficiario y su número de cuenta.

Un plazo de doce meses para que los países cumplan la normativa

De acuerdo con el GAFI, las nuevas exigencias responden a la grave amenaza que representa el uso inadecuado de activos virtuales por parte de terroristas y delincuentes. El organismo da un plazo de doce meses a los países miembros para cumplir las directrices y acuerda una una revisión para junio de 2020.,

Sobre los nuevos requisitos del GAFI, Serhii Mokhniev, especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS), escribió en Coindesk que en pocas semanas, el Grupo de Acción Financiera (FATF), por sus siglas en inglés, adoptará una propuesta para imponer los estándares de las transferencias electrónicas en las transacciones de blockchain..

Respecto a los planteamientos del GAFI, Mokhniev explica en su artículo que el problema es que las cadenas de bloques, en la mayoría de los casos, no están diseñadas de esta manera y que estos requisitos serían inútiles o imposibles de seguir.

Listas negras de países

Sin embargo, pese a escuchar tales preocupaciones por parte del sector privado y de algunos representantes de las casas de cambio,  GAFI mantiene una posición firme respecto a su propuesta y afirma que los países que no cumplan con la normativa serán colocados en una lista negra, convirtiéndolos en países no actos para la inversión extranjera.

El organismo internacional ha dictado dichas directrices, como preámbulo al congreso anual del grupo de países que integran el G20, que se celebrará durante hoy y mañana en la ciudad japonesa de  Osaka. El G20 siempre ha buscado una armonía internacional en la regulación de las criptomonedas.

Riesgos de las criptomonedas

De hecho, en otra reunión celebrada recientemente en la ciudad japonesa de Fukoa, reclamaron al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y a los organismos de establecimiento de normas que supervisen los riesgos de las criptomonedas y consideren el trabajo en respuestas multilaterales adicionales, según sea necesario.

Durante el encuentro de Fukoa, previo a la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que empieza hoy en Osaka, los representantes de los estados miembros precisaron que si bien los criptoactivos no representan una amenaza para la estabilidad financiera mundial en este momento, sí se mantienen atentos a los riesgos relacionados con la protección de los consumidores e inversores, el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).

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